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Lunes 02 de Diciembre de 2019 18:11 hs
Las falacias de Cristina Kirchner y las preguntas que no quiso responder
CAUSA POR LA OBRA PUBLICA
La vicepresidenta electa eligió dar un discurso político y no defenderse jurídicamente.
CLARIN - Por primera vez en la historia argentina, una ex Presidenta, ex diputada y senadora, flamante vicepresidenta electa, se defendió en declaración indagatoria en un juicio oral y público, en el cual es la principal acusada de montar un sistema de corrupción con el negocio de la obra pública. Las singularidades de la carrera política de Cristina Kirchner, y la génesis y el desarrollo de esta causa judicial, no la ayudan a sostener sus argumentos sobre este infortunio. Los difundió en su cuenta de twitter. Y los repitió ante los jueces y el fiscal.

Según dijo ella misma, es víctima de una persecución del Poder Judicial, iniciada por el gobierno de Mauricio Macri en contra de opositores. Mencionó el lawfare, una conspiración entre "los medios de comunicación hegemónicos" y el "aparato judicial" con el fin de "destruir y demonizar a los gobiernos populares y democráticos". Agregó que ese complot abarca al resto de "América Latina". Y afirmó que se trata de un "plan sistemático". La vicepresidenta electa se quejó de que el TOF 2 no permitió transmitir su indagatoria a través de las cámaras del Centro de Información Judicial (CIJ).

La ex presidenta dijo que la causa de Vialidad es el ejemplo de que ella es víctima de una persecución contra dirigentes políticos impulsada por el poder.

En realidad, la causa Vialidad empezó con una denuncia de la diputada Elisa Carrió en el 2008, cuando Fernández era Presidenta.

Cristina también acusó al juez Julián Ercolini de ser parte de esa supuesta persecución contra opositores.

En realidad, la diputada Carrió denunció a Ercolini en 2014 por el posible retraso adrede de la investigación sobre el favoritismo de Cristina con respecto a las empresas de Báez. Esa acusación no prosperó. Ocurre que durante la gestión presidencial de Cristina los organismos públicos dedicados a instrumentar los pagos y las concesiones viales que ganaba Báez casi de forma monopólica en Santa Cruz se negaban en forma sistemática a entregarle información a la Justicia sobre las decisiones de Vialidad Nacional. Una vez que los K dejaron el poder, el nuevo titular de Vialidad Nacional accedió a entregarle al Poder Judicial lo que antes se le negaba. A eso se suma que la instrucción del caso la llevó siempre el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, a quien Ercolini le delegó la pesquisa.

En su indagatoria en el juicio oral, Cristina se quejó porque el TOF 2 le rechazó su pedido de transmitir por televisión su defensa.

El tribunal siempre mantuvo la misma posición: permitió que se transmitiera solo el primer día de la audiencia del juicio oral. A Clarín le consta que los mismos jueces, y también en la Corte Suprema, no le permitieron al periodismo acceder a las filmaciones de otras audiencias del caso. Por ejemplo, una en la que el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, había hecho declaraciones polémicas sobre qué podría pasarles a los magistrados y el fiscal en un futuro en el que su defendida podría volver al poder.

Entre sus argumentos para desacreditar la causa Vialidad, la ex presidenta adujo que ella no tuvo injerencia en el modo en el que se le pagó a las empresas de su socio, Báez. Dijo que el dinero estatal que recibió el empresario estaba incluido en los Presupuestos que aprobaba el Congreso Nacional.

La realidad de la causa es otra. Entre las pruebas que usaron los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques, se incorporaron decretos de necesidad y urgencia (DNU), firmados por Cristina en los que se permitió, por ejemplo, que la plata que usaba Vialidad Nacional o la Secretaría de Obras Públicas de José López para abonarle a Báez pudiera ser retirada de forma discrecional de un fideicomiso con cuenta en el Banco Nación en el que el Estado K depositaba dinero proveniente de un impuesto que se cobra mediante una tasa de venta de gasoil.

Durante su Presidencia, Néstor Kirchner firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 140/04, en el que especificó qué obras públicas que construía Báez en Santa Cruz podía ser financiadas con dinero de ese fideicomiso. Fue Cristina Kirchner, ejerciendo la Presidencia durante el año 2009, la que liberó totalmente la discrecionalidad con la que la Secretaría de Obras Públicas determinaría sin detalle cuánta plata se podía retirar de ese mismo instrumento financiero alimentado con la tasa de gasoil para completar los pagos a las constructoras "amigas" del poder K.

Cristina defendió las obras públicas de Báez en Santa Cruz diciendo que "un amigo por sólo ser amigo no es un delincuente, o como delitos ser amigo del presidente de la República, y se nos denegó prueba por prueba en estos cuatro puntos...".

Los hechos muestran que Báez creó Austral Construcciones apenas días antes de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente. Las pruebas recolectadas indican que Báez era socio comercial de los Kirchner cuando se presentaba en licitaciones de obras en las que, en muchos casos, competía contra sí mismo, debido a que había adquirido muy rápidamente otras compañías del rubro, como Sucesión de Adelmo Biancalani, Kank y Costilla o Loscalzo y Locurto. Los ofertantes, en muchas casos, eran todas firmas de Báez que pujaban por ganar las obras públicas. En esos casos era Báez quien le ganaba a Báez.

Eso pasó aunque el grupo de constructoras de Lázaro cobraba por anticipado certificados de obras que no había terminado; o ganaba concesiones a pesar de que las normas indicaban que su capacidad empresaria estaba sobrepasada. Eso, sin contar que Báez recibía dinero del Gobierno K mientras al mismo tiempo construía edificios de departamentos con los Kirchner, les alquilaba tres hoteles a precios exhorbitantes para el mercado; e incluso hasta construyó el hotel Los Sauces, pegado a la residencia de los K en Santa Cruz, un trabajo por el que nunca les cobró a sus socios. Además, Báez les compró casas a los Kirchner a precios elevados. Todo, mientras era beneficiado con fondos para construir rutas, asfaltar otras y demás obras que en buena parte se retrasaron sin explicación firme, o nunca se terminaron.

Cristina F insistió con que no era ella quien favorecía con el dinero público a su socio e inquilino, sino los jefes de Gabinete que elevaban al Congreso los Presupuestos del Estado.

Como se dijo, hay infinidad de decretos presidenciales y resoluciones de Vialidad Nacional que van en contrario a esas afirmaciones: sin esas herramientas estatales, Báez no podría haber cobrado los millones que cobró.

La vice electa dijo que si se hubiese ocupado de esta ingeniería estatal no habría tenido tiempo para gobernar.

Allí están firmados sus decretos que aceleraron pagos a Báez usando fuentes diversas de financiación del Tesoro Nacional. Y también los decretos que Néstor Kirchner o ella firmaron para designar gente relacionada con el empresario en cargos claves de Vialidad, como fue el caso del ex gerente de administración general del organismo, Sergio Passacantando. En su curriculum tenía una condición crucial: trabajaba en Austral Construcciones.

Que Báez fue beneficiado por el gobierno de sus socios es también un hecho. El 10 de diciembre del 2015, cuando Fernández dejó el poder, las constructoras de Báez eran las únicas de toda la Argentina a las que el Estado no les debía un solo peso.

La vice electa se quejó de los tiempos que tomó instrumentar la causa.

Entre todos los procesados K presentaron más de 200 nulidades o planteos leguyelos, solo en la instancia oral. Otro caso único.

Fernández habló pero evitó responder preguntas de las querellas y del fiscal Diego Luciani.Lo mismo hicieron el resto de los acusados, como si su estrategia defensiva estuviera coordinada. Resta saber qué hará Báez, que aun no declaró en indagatoria en la instancia oral.
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